Justicia03.10.2017
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Tras el sismo, la Corte se prepara para analizar culpas de funcionarios por fallas en edificios
Por Israel YáñezEn los próximos meses llegan al máximo tribunal los expedientes vinculados al temblor.

Después del sismo que golpeó fuerte en la Ciudad de México quedaron en evidencia algunas problemáticas que obligan a las autoridades a actualizar sus políticas en materia de protección civil, créditos hipotecarios, uso de suelo a través de peritajes en ingeniería civil, así como leyes para sancionar y regular las labores de servidores públicos que omitan cumplir con las normas de construcción.

Por ello, es seguro que estos temas se discutan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues muchos de los afectados y personas que han sido señaladas de alguna responsabilidad penal o administrativa se han amparado en contra de cualquier acto de autoridad.

Inclusive no se descarta que los resultados de estas discusiones en la Corte sean elevados a rango de leyes constitucionales en materia de protección civil, y se tengan que acatar por cualquier gobierno para evitar futuras tragedias, sobre todo en las zonas de alta sismicidad como la Ciudad de México.

Ante la trascendencia del tema, no sólo por la destrucción que dejó el terremoto sino por las violaciones a diversas leyes administrativas y civiles de uso de suelo, y a los derechos de las víctimas, algunas de ellas que perdieron la vida y otras todo su patrimonio, se espera que en los próximos meses lleguen a la Suprema Corte los primeros asuntos relacionados con el sismo, confió una fuente judicial.

Y es que la Corte deberá reinterpretar constitucionalmente, y sentar las bases jurídicas de los problemas sociales, legales y de protección civil en construcciones urbanas, que se registraron durante el sismo del pasado 19 de septiembre, y que ha dejado al descubierto responsabilidades de servidores públicos involucrados en posibles actos de corrupción al haber autorizado obras en zonas restringidas para este tipo de edificaciones.

Así como créditos bancarios; contratos de afianzadoras y aseguradoras, responsabilidades de arrendatarios ante arrendadores, juicios testamentarios, sucesorios; presunción de muerte, entre otras materias.

Después del sismo de 1985 se emitieron protocolos de protección civil, donde se advertía sobre el alto riesgo de la construcción de edificios superiores a los tres pisos, principalmente en zonas céntricas de la ciudad, la restricción de algunos materiales, como cristales y láminas para ventanales como fachadas; uso de determinados materiales para realizar la edificación, así como la altura de los mismos.

De hecho, en el 2015 la UNAM montó la exposición "México 30 Años después del Sismo", en el Museo Universitario- Universum, para mostrar a los jóvenes la relevancia de dicha tragedia. En la muestra se habló del inicio de una cultura de la protección civil, en la que entre otros puntos se trató el tema de la prohibición de hacer edificaciones superiores a los tres pisos, y se daba una explicación científica de los motivos, entre ellos, la zona sísmica en la que se encuentra la CDMX.

Con la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México se dio un boom en la construcción algunas violando los reglamentos de uso de suelo, cambiándolos totalmente y permitiendo complejos habitacionales, como en la zona de Azcapotzalco, donde hay edificaciones superiores a los 15 pisos, sin respetar los protocolos de protección civil.

Por el momento, ya hay 140 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría capitalina en contra de quien resulte responsable, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado, desvíos de recurso, entre otros, inclusive homicidio culposo, por aquellas personas que perdieron la vida en inmuebles que contaban con permisos irregulares, ya sea otorgados por autoridades delegacionales o de Gobierno Central.

Así, los juicios de amparo en contra de las autoridades civiles que permitieron dichas edificaciones serán una herramienta para defender los derechos de las víctimas, y ante la omisión de las autoridades de aplicar los reglamentos de urbanidad, protección civil y vivienda.

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